Felizardo Inzunza, habitante del ejido Plan de Guadalupe, considera que la planta de amoníaco de Grupo Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo representa una oportunidad histórica para el norte de Sinaloa y México.
Siempre ha apoyado el proyecto, pero exige que se cumplan los compromisos sociales y económicos con las comunidades locales. Inzunza, transportista y cuidador de manglar, afirma que la oposición al proyecto se debe al desconocimiento y la incertidumbre sobre el cumplimiento de estos compromisos, más que a preocupaciones ambientales.
Insiste en que los beneficios económicos también lleguen a los pueblos cercanos.
Un habitante del ejido Plan de Guadalupe, cerca de Topolobampo, afirmó que representantes de la empresa hicieron promesas sobre la contratación de transportistas locales, empleo para comunidades vecinas y obras de beneficio social durante la socialización del proyecto. Sin embargo, estos compromisos no se plasmaron en documentos formales, y ahora exigen que se escriban y cumplan.
Inzunza aclaró que no buscan excluir a otras empresas, sino que los habitantes de la región participen equitativamente en las oportunidades del proyecto. “Queremos que crezca México, Sinaloa y Topolobampo, pero que crezcamos juntos. Si la riqueza se genera aquí, debe reflejarse en las familias que viven aquí”, dijo.
Sobre las preocupaciones ambientales, Felizardo confía en los sistemas de seguridad y la tecnología de la planta. Señaló que los habitantes tienen interés en conservar el ecosistema, ya que el ejido tiene dos mil hectáreas de manglar.
Considera que el avance tecnológico reduce los riesgos ambientales, por lo que es poco probable que la planta afecte el manglar, la pesca o la zona Ramsar. “Tenemos dos mil hectáreas de manglar y somos los primeros interesados en cuidarlo. Confío en que la planta tiene la tecnología para operar de manera segura y evitar daños al medio ambiente”, afirmó.
Inzunza se reunió con la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, para hablar sobre la necesidad de mejorar la comunicación con las comunidades y establecer compromisos verificables para reconstruir la confianza.
Considera que muchos manifestantes se sienten excluidos de los beneficios prometidos o no recibieron suficiente información. También cree que intereses económicos influyen en la oposición a la planta. Inzunza reiteró que la planta de GPO puede impulsar el desarrollo regional si se corrigen errores pasados y se involucra más a las comunidades. Concluyó que es posible crecer juntos si se toman en cuenta a los pueblos cercanos y se les garantiza el acceso a los beneficios.
